Entre las diversas medidas que la Ley prevé para intentar proteger a las pymes, están las siguientes:

- Las propias Administraciones Públicas podrán pagar directamente las facturas de los subcontratistas (restando el importe correspondiente a los contratistas principales), siempre que así lo prevean los pliegos de contratación.

- Las Administraciones realizarán una labor de vigilancia del pago, ya que obligarán a las empresas que contraten con ellas directamente, a depositar cada factura en un registro electrónico.

- Los plazos de pago se empezarán a contar desde la fecha de entrega del bien o prestación del servicio.

- Las Administraciones ya no podrán, sin excepciones, certificar las obras en más 30 días.

- Tampoco se podrá pactar entre contratista/subcontratista –práctica muy habitual- otros plazos de pago diferentes a los legales.

Sin duda, la nueva Ley de Contratos dará –eso se espera- mayores garantías de cumplimiento de la Ley de Morosidad, evitando la tardanza en el cobro que sufren muchas pymes españolas.